El Pleno del Parlamento andaluz ha expresado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, su rechazo al Real Decreto del Gobierno central de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, y ha demandado la modificación de la Ley Hipotecaria y de la de Enjuiciamiento Civil.
El Parlamento ha aprobado, con los votos a favor del PSOE-A y de IULV-CA, en virtud de una proposición no de Ley del grupo socialista, que ha contado con la abstención del PP-A, que la Junta reclame al Gobierno central que paralice el devengo de los intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si se trata de la ejecución de vivienda habitual; que potencie los procedimientos extrajudiciales de ejecuciones hipotecarias, y que modifique la Ley Hipotecaria para que los intereses de demora no puedan ser más de dos puntos superiores al tipo de interés remuneratorio.
En virtud de enmiendas de IULV-CA incorporadas a la iniciativa socialista, la Cámara pide que la Junta plantee al Gobierno la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acordando la paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, por un no importe superior al 30 por ciento de la renta del arrendatario.
Otra enmienda incorporada a la iniciativa socialista consiste en que la Junta pida a diputaciones y ayuntamientos que se adhieran al programa andaluz en defensa de la vivienda, mediante la suscripción del correspondiente convenio de colaboración.
La Cámara ha aprobado, con el único voto del PSOE-A, que el Gobierno central establezca las medidas del Código de Buenas Prácticas del real decreto 6/2012 como obligatorias para todas las entidades de crédito que reciban apoyo público, esto es, participada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Izquierda Unida ha rechazado este punto y el PP-A se ha abstenido.
De otro lado, la Cámara ha rechazado una proposición no de Ley del PP-A, con los votos de PSOE e IU, en la que se pedía el respaldo de la institución al citado real decreto y que la Junta impulsara la puesta a disposición de su parque de vivienda social y de promoción pública para las familias más necesitadas y perjudicadas por la crisis, "favoreciendo el realojo e integración social de las mismas".
El PP-A también pedía que la Junta contemplara "una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) destinada a familias que tienen abierto proceso de negociación con entidades financieras para el mantenimiento de su vivienda, con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio en este proceso", y que intensificara el diálogo con las entidades financieras radicadas en Andalucía en materia de prevención de desahucios para mejorar la comunicación entre ambas partes y evitar los desahucios de vivienda habitual que sean consecuencia de la situación de insolvencia sobrevenida de las familias andaluzas producida por la crisis.
"CONFRONTACIÓN" CON ESTE TEMA
La diputada del PP-A Alicia Martínez ha manifestado que mientras PSOE-A e IULV-CA siguen "cruzados de brazos" ante el drama de los desahucios, el Gobierno central, que ha actuado con "responsabilidad", ha aprobado un real decreto ley para hacer frente a este problema y pone en marcha una medida de protección para las familias más vulnerables.
Ha acusado a la Junta de no querer ofrecer soluciones a los andaluces porque se niega a asumir sus competencias exclusivas en materia de vivienda. Ha manifestado que el Gobierno andaluz tiene que dejar de hacer "confrontación" sobre este tema y lo ha acusado de estar dando diez millones de euros a los bancos, "los mismos que firman las ejecuciones hipotecarias". Ha señalado que la Junta también tiene capacidad para crear un fondo social de vivienda autonómico.
Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Enrique Benítez ha indicado que cada desahucio es un "fracaso del Estado", que debe proteger a los ciudadanos de la incertidumbre y de los efectos de la crisis, y ha indicado que la iniciativa de su grupo no va contra nadie, "sino a favor de la esperanza, el consenso y la responsabilidad".
Para Benítez, el real decreto ley convalidado este jueves supone un reconocimiento del "fracaso" del anterior decreto de marzo que aprobó el Ejecutivo de la Nación y ha indicado que las medidas que éste está poniendo sobre la mesa son "inadecuadas e insuficientes". Ha resaltado la sensibilidad del Gobierno andaluz a la hora de afrontar este asunto, con un programa a favor de las familias andaluzas. Es necesario, a su juicio, mostrar a la ciudadanía que hay tiempo para el consenso en esta comunidad.
La parlamentaria de IULV-CA Inmaculada Nieto ha manifestado que el PP-A no puede pedirle a esta Cámara que exprese su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, cuando han resultado un "fracaso", aunque lo haya hecho con "buena intención".
Ha indicado que es fundamental reformar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil, que establece unas reglas de juego totalmente desequilibradas entre la ciudadanía y los poderes financieros y el Estado. Ha puesto en valor las medidas pioneras adoptadas por el Ejecutivo andaluz, como es el programa andaluz en defensa de la vivienda, el cual "rompe la equidistancia" entre las entidades financieras y las personas que están en riesgo de perder sus viviendas.
